Este lunes el líder del PP en Castilla y León será investido presidente de la comunidad gracias a los votos de su partido y de Vox tras el acuerdo entre las dos formaciones, lo que supone la entrada del partido de Santiago Abascal en un gobierno autonómico por primera vez. Un acuerdo que no ha estado exento de polémica debido a parte de su contenido, en el que las dos partes se comprometen a, entre otras cosas, aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, consolidar un "modelo educativo libre de adoctrinamiento ideológico" y promover una "inmigración ordenada".

El acuerdo firmado por PP y Vox el 10 de marzo, casi un mes después de las elecciones del 13 de febrero y a escasos minutos de que se constituyeran las Cortes de Castilla y León, consta de 11 "ejes de gobierno" y 32 "acciones". Y establece que el Gobierno autonómico tendrá diez consejerías, de las cuales siete corresponderán al PP y otras tres a Vox, partido que también ostentará la Vicepresidencia.

Los "ejes de gobierno" son planteamientos generales que incluyen "vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, garantizando la igualdad social, la igualdad laboral, la igualdad de  oportunidades y la igualdad entre mujeres y hombres"; "promover la solidaridad entre todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas de España, a la vez que fortalecer el papel de las provincias y municipios", así como "reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier  intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles".

También incluye la "defensa de nuestros intereses en el marco de la Unión Europea"; impulsar "todas las capacidades productivas y de los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo", el "compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo"; garantizar "unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos", además del "desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio".

Asimismo, PP y Vox se comprometen a "asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León", apoyar "a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación como centro de las políticas públicas", así como a reducir de forma significativa el "gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos".

En el marco de las "acciones" es donde se concretan las políticas que PP y Vox han acordado poner en marcha en esta legislatura que empieza. Aquí es donde el partido de Abascal ha sacado al PP el compromiso de "aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas", especialmente "cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad".

En el plano educativo, el punto número establece "consolidar un modelo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico". 

En cuanto a medidas económicas, PP y Vox se comprometen a demandar "una financiación autonómica justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León". Sin concretar, apuestan por "desarrollar una política fiscal inteligente, capaz de atraer y retener tejido productivo", al tiempo que quieren "asegurar una administración cercana, eficaz, austera y transparente, a la vez que reduciremos las cargas administrativas de ciudadanos y empresas".

Por otra parte, PP y Vox dedican varios puntos al desarrollo del medio rural, siendo el primero de ellos su compromiso para aprobar "una ley de desarrollo y competitividad rural, incluyendo medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural". Pero también apuestan por "la reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios, desde la competitividad, la innovación, las rebajas fiscales, la digitalización y el acceso a la financiación".

Reconoceremos el carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria, por su función de obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos y por crear actividad económica y consolidar población en las áreas rurales. En particular, instaremos al Gobierno de la Nación a recuperar el equilibrio entre la ganadería y la protección del lobo, conforme a las demandas de las comunidades autónomas afectadas", exponen en otro punto del acuerdo, en el que reconocen como "cuestión prioritaria" la lucha contra la despoblación.